La locomotora minera: Brutal ecocidio contra los colombianos

Tomado de  analîtica.com

Diana Duque Gómez

Sábado, 2 de julio de 2011

El universo no puede entenderse como un conjunto de partes independientes, como manchas de pintura en un cuadro impresionista. Es un holograma, un tejido dinámico de acontecimientos correlacionados, en los que cada parte del tejido determina la estructura del todo.

Michael Talbot

Hoy en el mundo hay dos visiones, dos filosofías enzarzadas en una lucha: una, sustentada en la sabiduría perenne y en los nuevos conocimientos de los científicos cuánticos, nos habla de un universo vibrante e incluyente, de la tierra como un organismo vivo entretejido e interconectado al universo y otra, que ve al universo como un conjunto de cosas separadas y a la tierra como una estructura muerta, como una cosa sin alma que puede explotarse de manera indefinida.

El cambio emergente de una nueva visión del mundo que considera “el universo como algo vivo y a nosotros mismos como seres permanentemente sostenidos en ese estado vivo, nos deja ver que estamos íntimamente relacionados con todo lo que existe”(1) reclamándonos una nueva manera de relacionarnos. Como expresa el investigador Michael Talbot, “Cada uno de nosotros posee una cualidad única en el sentido de que somos centros de conciencia separados e individuales, pero cada uno de nosotros es también parte de una simbiosis, una infinita red de danzas dentro de otras danzas a su vez dentro de otras danzas que se compenetran infinitamente entre sí”(2).

En contraposición, el modelo mecanicista difundido por la cultura de la dominación pregona la creencia de un universo inanimado y estático, una gran máquina a la que hay que dominar y controlar. Igualmente considera al ser humano y a la naturaleza como fuerzas opuestas que hay que manipular y explotar para conseguir el ‘progreso’. Esta visión es la que sostiene el sistema económico y político dominante, el mercantilismo. El mercantilismo, sistema económico y político de explotación y expoliación donde los tableros de mando los tienen las grandes corporaciones multinacionales, se sustenta en una cultura patriarcal, esto es, una cultura de la dominación del fuerte sobre el débil a través del Estado y de una concepción materialista mecanicista que despoja al ser humano del alma, de su ser espiritual, para convertirlo en una mercancía, lo mismo que a la naturaleza, estableciendo la falsa separación entre materia y espíritu que condujo a definir el universo como un gigantesco sistema mecánico al servicio de los poderosos y un objeto a ser mercantilizado.

Esta ideología sustentadora de la explotación, el saqueo y el poder ha convertido la vida en esclavitud, sufrimiento e infelicidad y ha posibilitado la depredación de la naturaleza, lo que aniquila la armonía de todo el sistema que la sustenta. El principal responsable de que el sabio y delicado tejido de la vida este sufriendo un acelerado deterioro que lo coloca en inminente peligro de extinción es la sinarquía* mundial –máxima expresión del poder patriarcal- y sus corporaciones dueñas de los Estados y sus gobiernos títeres, amparadas en leyes criminales –redactadas por ellas- que les permiten acabar con todos los recursos naturales, incluidos el aire puro, el agua, las tierras fértiles y, por tanto, la vida. Estas leyes le procuran una apariencia de legitimidad a la codicia, a la devastación, al saqueo y a todo tipo de tropelías contra el planeta y sus habitantes.

Como afirma Marc Ams, autoridad en el campo de la salud, “la avaricia y la miseria espiritual han envenenado nuestro planeta, nuestro paraíso y nuestras vidas”(3). En su accionar, la sinarquía mundial, los dueños del poder global, han elaborado todo un perverso entramado mafioso de sus grandes corporaciones económicas –monopolios financieros, mineros, farmacéuticos, comerciales, etc.- con las burocracias mandilandines, esto es a través de los Estados nacionales, con el que imponen la esclavitud, el saqueo, la explotación y la expoliación.

A través de las leyes mafiosas de los Estados se violan las leyes de la naturaleza, cometiendo crímenes de lesa humanidad que atentan contra el derecho a la vida. En este contexto, Colombia es hoy uno de los países donde se registra una masiva invasión de poderosas multinacionales en el campo minero, principalmente oro y carbón, con 8.900 títulos mineros expedidos a mayo de 2011(4), aproximadamente unas 12 millones de hectáreas. Esto ha traído toda clase de consecuencias nefastas para el país. Uno de los efectos más graves es la terrible desertificación de vastas regiones que amenaza con extinguir la rica biodiversidad del país, con el consecuente agotamiento de sus fuentes hídricas, creando toda una irremediable tragedia ambiental lo que representa un peligro para la salud y para la sustentación de la vida de los colombianos. Igualmente catastrófico ha sido la acelerada ruina y liquidación de la producción agrícola, en un país con una de las mejores tierras del planeta con abundancia de agua, ocasionando que Colombia llegue al extremo de perder su capacidad de autoabastecimiento alimentario y dependa cada vez más de la importación de alimentos básicos como trigo, maíz, fríjol, soya, arroz, lentejas, entre otros. Todo ello en medio de una de las mayores crisis en la producción mundial de alimentos -su precio a enero de 2011 llegó a su nivel más alto- y de una escasez sin precedentes de agua. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “el 10.3% del PIB en el 2007 vino de la producción agropecuaria”.

Para entonces este sector agropecuario era “un importante generador de empleo (21% del total nacional) de los que 92.5% eran netamente agrícola”(5). Ese mismo año la contribución del sector minero al PIB fue del 2.57%. En 2010, el -0.9% del PIB viene de la agricultura, ganadería, caza y pesca y el 10.3% de la explotación de minas y canteras (6). Datos que confirman pavorosamente la postración del sector agrícola y en cambio un crecimiento vertiginoso de la minería. Los 8.900 títulos mineros adjudicados durante el funesto gobierno de Uribe Vélez están regados por toda la geografía nacional y no sólo abarcan la parte desarrollada, urbanizada y más densamente poblada del país sino que también se han tomado las tierras fértiles dedicadas a labores agrícolas.

Esto es confirmado por el ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, quien hace parte del gobierno santista de la “locomotora minera”, cuando farisaicamente reconoció que “la agricultura se halla en riesgo por la minería”, advirtiendo “el riesgo que representa para la agricultura la gran cantidad de títulos mineros expedidos de manera ‘desmesurada’ en años anteriores. ‘Toda la tierra agrícola está siendo sobrepuesta por un manchón negro, colocando en grave peligro a la agricultura’”(7). Asimismo, hay una superposición de títulos mineros en áreas protegidas en parques nacionales y en páramos como sucede con La Colosa en la Zona de Reserva Forestal Central (Tolima) en grave riesgo por la multinacional Anglo Gold Ashanti; con la totalidad del Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis en Vaupés, “amenazado por los intereses de la multinacional aurífera canadiense Cosigo Resources” (8); con el 82.21 % del Páramo de Santurbán (Santander), amenazado por la multinacional canadiense Greystar; 51% de la Zona de Reserva Especial de Jericó (Boyacá), donde tiene interés la multinacional Anglo Gold Ashanti; en el Parque Natural Los Nevados, etc. etc. En total están siendo afectados por la exploración minera 15 parques naturales y “de los 34 complejos de páramos (fabricas de agua) -2 millones de hectáreas- un 48 por ciento ya está afectado por la minería”(9). Cabe mencionar que Anglo Gold Ashanti tiene “64 contratos de concesión minera en La Vega, Almaguer (Cauca) territorio ancestral, declarado patrimonio ambiental de la humanidad por la UNESCO, que posee 360 lagunas y donde nacen las cuatro arterías fluviales del país: Magdalena, Cauca, Putumayo, Caquetá y Patía”(10). Hoy, la situación tiende a empeorar. La explotación minera sigue enseñoreándose en el país con el acatamiento abyecto del gobierno de Juan Manuel Santos y su “locomotora minera”. Así el gobierno coime de Santos incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que fortalece la posición de la megaminería modificando el plazo para otorgar las licencias ambientales. Señala el portal La Silla Vacía que “el artículo redujo el tiempo para el otorgamiento de licencias ambientales y además ya no operará el llamado ‘silencio administrativo’. Si la autoridad ambiental no decide dentro de los tres meses siguientes después de haber admitido la solicitud de licencia, se transfiere la decisión a un órgano en que el minambiente termina teniendo el mismo peso que el representante oficial del sector minero”(11).

Hay que agregar a esto que la Ley de Víctimas, tan promovida por el gobierno Santos, tiene “la intención de formalizar la propiedad para impulsar las tan mentadas locomotoras del desarrollo minero y agroindustrial (palma africana N. de la a.) con el llamado derecho de superficie y los contratos de uso de predios restituidos, que estipulan que donde existan proyectos de interés económico se debe privilegiar su continuidad”(12). Todo con el fin de seguir cohonestando a las grandes multinacionales de la minería en el saqueo y destrucción de la nación colombiana. Si utópicamente el presidente Santos no fuera un lacayo de la sinarquía internacional y estuviera interesado en salvar el ecosistema colombiano le daría poder real al Ministerio del Medio Ambiente y a las CAR para que una vez negada una licencia ambiental el título minero se cancele o modifique sustancialmente, como ha ocurrido en algunos países por la combativa oposición de la sociedad. Una revisión de los títulos mineros deja ver claramente la posición dominante de la multinacional Anglo Gold Ashanti.

Esta sola empresa tiene el 75 por ciento de las concesiones del país (13).Anglo Gold Ashanti, empresa minera sudafricana, es el principal concesionario de metales preciosos en el país, siendo su principal proyecto el de la explotación de oro a cielo abierto de la mina La Colosa en Cajamarca, Tolima, considerado por la empresa como “el descubrimiento de oro ’más significativo’ del mundo en un decenio”(14).

Uno de los mayores accionista de esta multinacional es John Paulson, el gurú de los activos tóxicos, que con sus fondos especiales Hedge Fund entre 2007 y 2008 en plena crisis obtuvo ganancias de US $20 mil millones, invirtiendo luego más de la mitad de estas en oro. Con su firma de inversión Paulson & Co y su socio Paolo Pellegrini son los administradores de fondos mejor pagados habiendo registrado ganancias en 2010 de US $5 mil millones. John Paulson además tiene acciones en la minera Kinross Gold, en Mineros S. A. (de origen colombiano), en SPDR Gold Trust; ha incrementado sus posiciones en empresas mineras como Barrik Gold y Gold Fields y posee también acciones en la contratista petrolera Transocean, en Anadarko Petroleum Corp, Citigroup y Bank of América (donde Paulson es uno de los mayores accionistas), entre otros. (15).

La mina de oro La Colosa está localizada en el departamento del Tolima, municipio de Cajamarca -conocido como “la despensa agrícola del país”-, que se encuentra dentro de la Zona de Reserva Forestal Central (declarada por la Ley 2 de 1959), considerada como una “zona ambiental protegida, que es de hecho una estrella de agua en la que se verían amenazados 161 nacimientos de agua”(16). Así, Cajamarca es un municipio “con un enorme potencial hídrico donde se destacan los ríos Anaime, Toche y Bermellón y las quebradas Capotal y Cucuana, entre otras.

En el sector del páramo se encuentran dos lagunas denominadas Las Mellizas. El sistema hidrográfico es de gran importancia por formar la parte alta del curso del río Coello y su distrito de riego”(17). Según información de Ingeominas, actualmente el 85.93 por ciento del municipio cuenta con 31 títulos mineros a 26 de octubre de 2010, de los cuales Anglo Gold Ashanti tiene el 69 por ciento de los títulos; le sigue Mineros S.A., la empresa minera aurífera más grande de Colombia (del cual es socio también John Paulson, el dueño de Anglo Gold) con 17 por ciento (18).

Anglo Gold Ashanti se propone desarrollar el proyecto de la mina La Colosa extrayendo el oro que está superficialmente disperso en un área calculada de 515 hectáreas de la zona de reserva natural mediante la técnica a cielo abierto. El brutal procedimiento es el siguiente: “en primer lugar, con maquinaria pesada se destruye toda la capa vegetal con el fin de exponer el suelo... Una vez despejado el suelo, se hacen pequeñas

perforaciones en la tierra donde se instalan explosivos que luego al accionarse aflojan la tierra. En los 15 años que durará la explotación de oro en Cajamarca, la multinacional Anglo Gold Ashanti utilizará alrededor de 1'000.000 de toneladas de explosivos… 10 veces el poder de la bomba atómica de Hiroshima. Una vez aflojada la tierra, con maquinaria se procede

a ‘raspar’ toda la montaña, con el fin de remover enormes cantidades de roca, ya que el oro está en partículas microscópicas esparcidas en toda la tierra. En las minas a cielo abierto, para extraer un kilogramo de oro se necesitan remover entre 130 a 150 toneladas de tierra. En Cajamarca se estima que se removerán de esta manera 600.000 toneladas de tierra diarias. Una vez se tiene el material rocoso, se le deposita en enormes pilas sobre plásticos, donde se le rocía por semanas enteras con una solución de agua con cianuro, que al irse escurriendo junta las partículas de oro, para luego llevar esta mezcla liquida de agua + oro + cianuro a unas enormes piscinas donde con carbón activado se separa el oro del resto de materiales” (19).

Es importante destacar que el cianuro es uno de los compuestos existentes más tóxicos, que se absorbe vía tracto gastrointestinal, por inhalación, por la piel, vía conjuntival y parenteral. El principal efecto nocivo y letal de las diversas variedades de cianuro es el impedir que el oxígeno portado por los glóbulos rojos llegue a las demás células del organismo, impidiendo así el proceso de respiración celular. “Las dosis letales para humanos son, en caso de que sean ingeridas, de 1 a 3 mg/kg del peso corporal, en caso de ser asimilados, de 100-300 mg/kg, y de 100-300 partes por millón (ppm) si son aspirados. Esto significa que una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz sería suficiente para matar a un adulto. Para las plantas y los animales, el cianuro es extremadamente tóxico. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas.

En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado.“Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro de hidrógeno son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro (mg/l) son letales para especies acuáticas sensibles. Concentraciones subletales también afectan los sistemas reproductivos, tanto de los animales como de las plantas”(20).El efluente, esto es, el liquido que procede de una planta de recuperación contiene entre 600 a 1000 ppm de cianuro de sodio, el cual es acumulado en pozos de tratamiento para su degradación natural que puede durar años, representando un peligro latente por posibles derrames, percolaciones a un acuífero cercano y emanaciones de hidróxido de cianuro gaseoso cerca del pozo de tratamiento, es decir, el cianuro puede seguir filtrándose al medio ambiente.

Investigaciones confirman que “las minas que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro son bombas de tiempo para el medio ambiente, tal y como lo indica el amplio estudio de la National Wildlife Federation de los Estados Unidos (Alberswerth et al, 1992)” el cual afirma en uno de sus puntos que “tanto el cianuro como los metales pesados liberados por él (entre ellos se encuentran arsénico, antimonio, cadmio, cromo, plomo, níquel, selenio, talio) y otras sustancias tóxicas que se encuentran en el cúmulo y los lixiviados (por ejemplo sulfuros), son una amenaza para las quebradas, ríos o lagos, para las fuentes subterráneas de agua y para los peces, la vida silvestre y las plantas”(21). Sin duda la minería a cielo abierto es un crimen de lesa humanidad.

Anglo Gold Ashanti en asocio con otra multinacional la Kinross Gold, empresa canadiense -sexta productora mundial de oro- conforma la minera B2Gold, la cual adquirió el 100% de la explotación de cobre y molibdeno en Mocoa con 7.830.66 hectáreas. Otros proyectos de explotación minera, el de Gramalote, un megaproyecto a cielo abierto y La Quebradona, ambos en Antioquia, son también propiedad de B2Gold. Anglo Gold Ashanti asociada a la empresa Mineros S.A tiene el proyecto minero Guamocó en el costado occidental de la Serranía de San Lucas, entre los departamentos de Antioquia y Bolívar. Y esto para enumerar solo unos pocos proyectos.

Bob Buchan, fundador de Kinross Gold, de Kananga Mining Limited y Allied Nevada Gold Corporation pasó a ser propietario a través de su compañía Touchstone Gold del 100% del proyecto Río Pescado, ubicado en el municipio de Segovia, Antioquia. (22). La multinacional Greystar Resources es una compañía minera con sede en Canadá, que tiene como socio a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, a JP Morgan Asset Management UK Limited y al señor George Milton. Su principal proyecto en Colombia es la explotación de oro a cielo abierto en el proyecto Angostura adjudicado en zona del páramo de Santurbán, un sistema ecológico ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.

Otro peso pesado del saqueo minero en Colombia es Eike Batista, magnate brasilero cuya fortuna asciende a US $27.000 millones, es el octavo millonario del mundo según Forbes. Afirma la revista Dinero que “Batista invertirá en proyectos y exportación de Carbón en la Guajira –con puerto y ferrocarriles propios- en una mina de oro de talla mundial en Santander (adquirió Ventana Gold) … y cinco bloques petroleros en el Magdalena Medio y los límites entre el Cesar y la Guajira”(23).

Esto para nombrar sólo algunas corporaciones que participan del llamado “boom” minero, que no es más que un desalmado y muy bien orquestado complot para seguir enriqueciendo a unos pocos sinarcas y sus coimes gubernamentales a costillas de la supervivencia de la nación colombiana. Para completar el cuadro del entramado ecocida hay que decir que funcionarios del gobierno de Uribe Vélez que participaron activamente en el sector minero han pasado hoy a trabajar con las corporaciones mineras. Así, Julián Villaruel, director de ingeominas de 2005 a 2007, actualmente “es director operativo del proyecto Gramalote, Antioquia, el segundo proyecto más importante que tiene Anglo Gold Ashanti”. Liliana Alvarado, “quien era la subdirectora de Recursos del subsuelo de Ingeominas es ahora analista de Anglo Gold Ashanti”. Hernán Martínez, ministro de minas entre julio de 2006 y agosto de 2010, hoy “es miembro de la Junta Directiva de Medoro Resources, una minera canadiense que está explorando en Marmato, Caldas”(24). Unos pocos casos tomados al azar dejan ver la virulenta destrucción que está padeciendo Colombia como consecuencia de la explotación minera. En pleno corazón del país, Cundinamarca, es una región que cuenta con cinco grandes complejos de páramo: Chingaza, Guerrero, Rabanal, Sumapaz-Cruz Verde y nacimiento del río Bogotá. De ellos Guerrero está sumamente afectado por la minería, con la que se hacen perforaciones de la tierra y un drenaje constante de los terrenos, repercutiendo directamente en el régimen hídrico de la zona. Igualmente, Rabanal que tiene uno de los complejos carboníferos más importantes del territorio colombiano se halla amenazado. En este departamento la sabana de Bogotá, sus verdes tierras, agrícolas por excelencia, están adquiriendo el aspecto de un paisaje desértico con enormes cráteres, montañas de escombros, con la desaparición de sus humedales, lagunas y ríos. Un caso estremecedor es el del humedal de la laguna de La Herrera “ubicada en el municipio de Mosquera, que con 218 hectáreas es el recurso hídrico natural más grande de la sabana, y que actualmente sufre por la explotación minera en sus orillas y por la putrefacción de una porción de sus aguas”(25), a manos de compañías como ASOGAS (Planta de almacenamiento y envasado de GLP), San Fernando Ltda. (cantera y escombrera), Cantera Montanel, Doble Ingeniería (Planta de asfalto), Incoasfalto, entre otras. Otro caso impresionante en este mismo departamento de Cundinamarca es el del municipio de Tabio. Sus tierras fértiles con fuerte tradición agrícola han sido reemplazadas por enormes cráteres hechos por la masiva minería a cielo abierto realizada por la empresa Gravicol, “acabando con la ronda del río Frío con la extracción de grava, alterando el nivel freático –debido a la profundidad de la excavación-, contaminando sus aguas con vertimentos, causando un daño irreversible al paisaje, acabando con la vida silvestre”(26), y la salud humana. La minería a cielo abierto del carbón sobresale por la violencia en la destrucción de la naturaleza. Departamentos como el Cesar, la Guajira y Magdalena han sido devastados por la minería del carbón a cielo abierto de empresas como la Drummond, Glencore y demás. Como lo denuncia la columnista Salud Hernández en su columna “Complot para devastar y robar”: “Es un concierto para delinquir. Un complot para desaparecer ríos, anegar campos, arruinar proyectos de vida, devastar una región y enriquecer unos pocos bolsillos… En qué cabeza cabe que un gobierno apruebe el desvío de nueve ríos y medio centenar de caños de la Serranía del Perijá para que abran gigantescos cráteres que desertizan las tierras y asfixian las aguas subterráneas. O que consientan que levanten en las sabanas cerros de millones de toneladas de tierra estéril, o que inunden el aire con polvo de carbón, o que sedimenten la gran ciénaga de Zapatoza… Da profunda tristeza ver que el cauce del río Sororia, que pasa por la Jagua de Ibirico, sea ahora una carretera…”(27). Del mismo modo, Santa Marta, el bello puerto es hoy una de las ciudades más contaminadas con nubes de polvillo de carbón esparcido por “1.200 tractomulas de 70 toneladas de carga-diaria en promedio que transportan el mineral por los puertos de la Drummond y de Prodeco (de Glencore, Suiza), el tradicional puerto de Santa Marta y otros embarcaderos del mineral por las costas vecinas de la Ciénaga”(28). El caso de San Andrés y providencia es muy diciente. En el archipiélago se han reconocido 14 bloques de hidrocarburos de los cuales dos se adjudicaron a la empresa hispano-argentina Repsol Exploration Colombia S.A. en consorcio con su filial Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la Empresa Colombiana de Petróleos para operar en las Áreas Marinas Protegidas y dentro de la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la UNESCO en el año 2.000 y que desde entonces forma parte de la Red Mundial de Reservas. Este territorio protegido “acoge el 76 por ciento de los arrecifes coralinos de Colombia, cuenta con ecosistemas interconectados, sirve de anidación de tortugas y aves y es habitat de 407 especies de peces, así como de centenares de otros animales y organismos marinos”(29). Por esto los “representantes de La Coralina, autoridad ambiental de la Isla de San Andrés y Providencia, interpusieron una demanda contra la adjudicación de estos dos bloques de hidrocarburos a ECOPETROL y REPSOL”(30). Y así hay un sinnúmero de casos regados por todo el territorio colombiano en que sólo queda devastación, desertización, arrasamiento de las fuentes de agua, extinción de flora y fauna poniendo en grave peligro el ecosistema que sustenta la vida de los colombianos todo por permitir el accionar codicioso de estos monstruos de la megaminería. Ante este panorama Colombia debe seguir ejemplos como el de Costa Rica donde el Congreso por unanimidad aprobó, el 24 de noviembre de 2010, la ley que prohíbe la minería a cielo abierto y que impide el uso de sustancias tóxicas, como el cianuro y el mercurio. Igualmente, anular los títulos mineros que implican técnica a cielo abierto como lo hizo el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica cuando “anuló la concesión a la empresa Industrias Infinito Gold S.A. para explotar el yacimiento Las Crucitas, debido a las protestas de diversos sectores sociales. La acción judicial se originó por los riesgos ambientales que ocasiona la explotación minera de oro y cobre, como la destrucción de árboles indispensables para el habitat natural de la zona, y la contaminación de diversos tóxicos industriales, incluyendo cianuro”(31). Es importante destacar la experiencia de Costa Rica que con un reconocido desarrollo sostenible “basa la evolución de su economía en el desarrollo verde… Estadísticas internacionales indican que Costa Rica factura alrededor de US $3 billones anuales por el concepto de ecoturismo, gracias al buen aprovechamiento de sus recursos naturales, ‘un ejemplo que podría seguir Colombia debido a su gran biodiversidad”(32). Por su parte, “el Parlamento europeo prohíbe la minería a cielo abierto con cianuro en todo los países que integran la Unión Europea... Para el Parlamento, la minería a cielo abierto con cianuro está clasificada como una de las principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente, y por ende en la diversidad biológica”(33). En Panamá, el 18 de marzo de 2011, el presidente Ricardo Martinelli sancionó la ley 12 que deroga la Ley 8 de minería por la férrea presión del 75 por ciento de la población a la minería. (34). En Estados Unidos, el actor de Hollywood Robert Redford lidera la oposición a los planes de explotación de una gigantesca mina en el Estado norteamericano de Alaska. Redford ha publicado un anunció de página entera en el diario The new York Times y escribió un artículo en el Huffington Post donde califica como “una tragedia ambiental” el proyecto de explotación de oro, cobre y molibdeno por la multinacional británica Anglo American y la británico-australiana Río Tinto, ubicado cerca de la Bahía Bristol. Como dijera el antropólogo Gregory Bateson, “la unidad de supervivencia es el organismo más el entorno. La amarga experiencia nos está enseñando que el organismo que destruye su entorno se destruye a sí mismo”(35).______ * Sinarquía: Grupo de personas dueñas del capital financiero, de las corporaciones, de los monopolios, de los grandes negocios y del Estado, que deciden en beneficio propio los asuntos políticos y económicos de un país a través de ese Estado, instrumento fundamental de la dominación y la expoliación del ser humano y la naturaleza.