26 de febrero de 2011
El desarrollo de la industria carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena está dejando una estela negra en materia ambiental y social. En un recorrido realizado por PODER, se refleja la magnitud del desastre. La posible compra de la Drummond por parte de Xstrata pone sobre la mesa el debate sobre quién responde por estos pasivos ambientales. Informe especial.
Por María Elena Vélez
 Foto.Ramiro Ospino |
En la vereda Manizales Bajo, perteneciente al municipio de la Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, casi todos los niños “moquean” debido a que las afecciones respiratorias se han vuelto el pan de cada día. Pero esto no solo ocurre con los niños, sus padres también acuden a la brigada de Salud por este motivo. Y es que la cercanía con las minas de La Loma y El Descanso (con una extensión de treinta kilómetros de ancho por tres de largo), la mina a cielo abierto más grande del mundo, los está enfermando de bronconeumonía, primera causa de morbilidad del municipio.
Este es apenas uno de los impactos que presenta la industria del carbón en la Costa Atlántica, que a lo largo de su circuito, desde que se extrae de la mina, pasando por el transporte y hasta su embarque en el puerto, se constituye en una de las industrias más contaminantes debido al mal manejo en la cadena de aprovechamiento. Y la industria minera es una de las cinco locomotoras del crecimiento económico prevista por el Gobierno.
Las ventas al exterior de carbón representan el 25% del total de las exportaciones tradicionales del país. El departamento del Cesar cuenta con 87.000 hectáreas en explotación y tiene 183.300 hectáreas con títulos mineros, además de solicitudes por 378.500 hectáreas. La producción de carbón en el último año en el departamento fue de 30.970.470 toneladas, fruto de la extracción de las empresas mineras allí asentadas, como Carbones del Caribe, Glencore, Carbones del Cesar, Norcarbón, Coal Corp, Vale Do Rio, Drummond y otras más pequeñas.
Los recientes titulares de prensa dan cuenta de la intención de la firma suiza Xstrata de adquirir los negocios de la estadounidense Drummond en Colombia, por un valor aproximado a los US$8.000 millones. Esta posibilidad ha puesto en alerta a la sociedad en general sobre las responsabilidades ambientales generadas por la multinacional minera a lo largo de sus quince años de presencia en el país. Este sería el negocio privado más importante realizado en la nación y superaría incluso la venta de Bavaria por la sudafricana SABMiller.
Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y el cuarto exportador a nivel global. El mineral colombiano es muy apetecido en el mundo, debido a su alto poder calorífico y bajo contenido de azufre; además de los bajos costos que se invierten en su extracción. El país entró en la era de la minería del carbón a gran escala hace 30 años, época en la cual se inició la explotación de los yacimientos ubicados en El Cerrejón en La Guajira.
De manera más reciente y atraídos por los altos precios del mineral a nivel internacional, muchas empresas llegaron al departamento del Cesar donde se encuentran grandes reservas de carbón, particularmente en los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y Chiriguaná. El actual Gobierno ha puesto las expectativas de crecimiento económico a corto plazo en la “locomotora” minera, una apuesta riesgosa que amenaza directamente los ecosistemas, la salud y la estabilidad social de la región, si no se realiza bajo un esquema de buenas prácticas.
En esta carrera de atraer inversión extranjera, para un país que no está preparado institucional ni jurídicamente para enfrentar la avalancha de empresas que han llegado y que nos convertirían en un país minero, el Gobierno inició una estrategia de promoción (ver recuadro) a fin de garantizarles a los foráneos grandes beneficios a través de exenciones tributarias, contratos de estabilidad jurídica y un régimen especial de inversiones, donde las regalías que pagan por la explotación minera no compensan ni de cerca los terribles efectos ambientales, económicos y sociales de esta minería a cielo abierto, que entre otras cosas está en el campo de lo legal.
Los pasos de la Drummond
El señor Garry Drummond es un viejo socio de Colombia desde hace mucho tiempo. La suya no es una multinacional minera de gran tamaño como las otras que poseen negocios en el país. Sus principales operaciones están en Colombia y él, que es nacido en Alabama y ronda los 80 años, procura tener un bajo perfil. Pero los manejos que acompañan su negocio necesariamente lo han puesto en la palestra pública, debido a que la empresa ha sido acusada de financiar grupos paramilitares y del pago incompleto por concepto de regalías, según una investigación de la Procuraduría General de la Nación.
Durante el 2010, la firma facturó en el país cerca de US$2.000 millones, producto de las ventas al exterior. Debido a la alta demanda internacional, el valor de la tonelada de carbón ha registrado un crecimiento del 54% en un año, mientras a principios de enero se cotizaba en US$88,3, a finales del mismo año ya superaba los US$134.
Desde que llegó la minería al Cesar, el departamento ha venido cambiando paulatinamente su vocación agrícola por la minera, pero con una limitante adicional: las instituciones departamentales poco o nada tienen que ver con el control y seguimiento de los procesos relacionados con la extracción. Por tratarse de gran minería, el control se realiza a nivel nacional desde el Ministerio de Medio Ambiente. “El marco institucional del licenciamiento y el control está mal manejado. Estas empresas ignoran a los gobiernos territoriales”, asevera Cristian Moreno, gobernador del Cesar.
El Cesar, un desierto
Algunas de las empresas asentadas en el Cesar han llevado a cabo acciones irreversibles en materia de daño ecológico. En este proceso se han cambiado de curso los ríos Calenturitas, que recoge a los ríos Maracas, Tocuy, Sororia y Caño del Medio, dentro del proceso que realiza Glencore, además de la afectación de varios caños. La Drummond, por su parte, ha intervenido los ríos San Antonio y Caimancito y los caños Paraluz y Garrapato.
Ante un evento de este tipo, la licencia ambiental impone unas medidas de compensación tanto en hectáreas sembradas de cierta clase de árboles como proyectos piscícolas, de desarrollo social, etc. Estas empresas deberían haber reforestado a la fecha 40.000 hectáreas como medida de compensación, pero solo han avanzado en no más de 2.000 hectáreas. Los proyectos piscícolas y los de desarrollo social no se han iniciado, afirman los técnicos de la gobernación del Cesar, Alfredo Coronado y Alberto Gutiérrez.
Los ríos mencionados desembocan en el complejo cenagoso de Zapatosa, área de amortiguación del río Magdalena, que tiene una extensión de 80.000 hectáreas y es cuna de todos los peces que circulan por el afluente. En cuanto a las aguas subterráneas, el nivel freático será profundizado en 140 metros, con un antecedente muy grave, en el Cesar la mayor parte de los acueductos municipales y rurales se surte de las aguas subterráneas (ver gráfica).
La explotación de carbón también genera un gran impacto en el paisaje. El Cesar, que tiene una topografía plana, hoy está circundado por inmensas montañas de tierra estéril, que no han sido compactadas y crean nubes de polvo, las cuales a su vez con los aguaceros producen escorrentías de material contaminado por metales pesados, que caen a los ríos y ponen en riesgo la salud humana, además de acabar con la pesca.
En el proceso extractivo, por cada tonelada de carbón se deben remover 14 metros cúbicos de tierra, algo así como 10 toneladas. En la Jagua, el ambiente es como de neblina a cualquier hora del día; el polvillo que está en el ambiente no permite ver con claridad el paisaje. Esta situación se agrava con el constante pasar de tractomulas (1.600 diarias), que se encargan de levantar la tierra de la carretera y de enrarecer aún más el panorama.
Es tal el avance del cráter carbonífero de La Loma que siendo la mina más pequeña ha crecido el 50% de su área en cuatro años. Hoy llega a sobrepasar el tamaño de una ciudad de 500.000 habitantes como Bucaramanga. La zona contaminada corresponde a 180.000 hectáreas y se prevé que en el 2015 supere el área del departamento, cuando la producción alcance los 80 millones de toneladas. A diciembre de 2009, se habían extraído 313 millones de toneladas de carbón, pero las expectativas en reservas abarcan los 2.035 millones de toneladas.
De acuerdo con las perspectivas relacionadas con el cambio climático recogidas por el Ideam en la segunda Comunicación Nacional ante las Naciones Unidas, el departamento de Cesar figura como uno de los que reducirían ostensiblemente su precipitación en el periodo del 2011 al 2040 y aumentaría la temperatura en cuatro grados centígrados, lo que amenaza totalmente su estructura ecológica principal. La explotación carbonífera es un agravante mayor para esta situación.
Regalías desperdiciadas
La Jagua es el municipio minero más importante de Colombia, pero también donde se han dado los mayores brotes de corrupción administrativa. Los últimos cinco alcaldes están presos, y el actual se encuentra suspendido. Los recursos recibidos por concepto de regalías no se han visto traducidos en desarrollo humano. Entre 1997 y el 2004, La Jagua obtuvo la suma de $124.386 millones por regalías del carbón. En el 2009 recibió $85.000 millones, diferentes a la suma que está retenida, que es de $290.000 millones, por malos manejos y que está sujeta a un plan de desempeño que deberá cumplir, conforme a los temas priorizados por la comunidad en audiencias públicas diseñadas para tal fin, aspecto que tampoco se ha logrado.Este es apenas uno de los impactos que presenta la industria del carbón en la Costa Atlántica, que a lo largo de su circuito, desde que se extrae de la mina, pasando por el transporte y hasta su embarque en el puerto, se constituye en una de las industrias más contaminantes debido al mal manejo en la cadena de aprovechamiento. Y la industria minera es una de las cinco locomotoras del crecimiento económico prevista por el Gobierno.
Las ventas al exterior de carbón representan el 25% del total de las exportaciones tradicionales del país. El departamento del Cesar cuenta con 87.000 hectáreas en explotación y tiene 183.300 hectáreas con títulos mineros, además de solicitudes por 378.500 hectáreas. La producción de carbón en el último año en el departamento fue de 30.970.470 toneladas, fruto de la extracción de las empresas mineras allí asentadas, como Carbones del Caribe, Glencore, Carbones del Cesar, Norcarbón, Coal Corp, Vale Do Rio, Drummond y otras más pequeñas.
Los recientes titulares de prensa dan cuenta de la intención de la firma suiza Xstrata de adquirir los negocios de la estadounidense Drummond en Colombia, por un valor aproximado a los US$8.000 millones. Esta posibilidad ha puesto en alerta a la sociedad en general sobre las responsabilidades ambientales generadas por la multinacional minera a lo largo de sus quince años de presencia en el país. Este sería el negocio privado más importante realizado en la nación y superaría incluso la venta de Bavaria por la sudafricana SABMiller.
Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y el cuarto exportador a nivel global. El mineral colombiano es muy apetecido en el mundo, debido a su alto poder calorífico y bajo contenido de azufre; además de los bajos costos que se invierten en su extracción. El país entró en la era de la minería del carbón a gran escala hace 30 años, época en la cual se inició la explotación de los yacimientos ubicados en El Cerrejón en La Guajira.
De manera más reciente y atraídos por los altos precios del mineral a nivel internacional, muchas empresas llegaron al departamento del Cesar donde se encuentran grandes reservas de carbón, particularmente en los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y Chiriguaná. El actual Gobierno ha puesto las expectativas de crecimiento económico a corto plazo en la “locomotora” minera, una apuesta riesgosa que amenaza directamente los ecosistemas, la salud y la estabilidad social de la región, si no se realiza bajo un esquema de buenas prácticas.
En esta carrera de atraer inversión extranjera, para un país que no está preparado institucional ni jurídicamente para enfrentar la avalancha de empresas que han llegado y que nos convertirían en un país minero, el Gobierno inició una estrategia de promoción (ver recuadro) a fin de garantizarles a los foráneos grandes beneficios a través de exenciones tributarias, contratos de estabilidad jurídica y un régimen especial de inversiones, donde las regalías que pagan por la explotación minera no compensan ni de cerca los terribles efectos ambientales, económicos y sociales de esta minería a cielo abierto, que entre otras cosas está en el campo de lo legal.
Los pasos de la Drummond
El señor Garry Drummond es un viejo socio de Colombia desde hace mucho tiempo. La suya no es una multinacional minera de gran tamaño como las otras que poseen negocios en el país. Sus principales operaciones están en Colombia y él, que es nacido en Alabama y ronda los 80 años, procura tener un bajo perfil. Pero los manejos que acompañan su negocio necesariamente lo han puesto en la palestra pública, debido a que la empresa ha sido acusada de financiar grupos paramilitares y del pago incompleto por concepto de regalías, según una investigación de la Procuraduría General de la Nación.
Durante el 2010, la firma facturó en el país cerca de US$2.000 millones, producto de las ventas al exterior. Debido a la alta demanda internacional, el valor de la tonelada de carbón ha registrado un crecimiento del 54% en un año, mientras a principios de enero se cotizaba en US$88,3, a finales del mismo año ya superaba los US$134.
Desde que llegó la minería al Cesar, el departamento ha venido cambiando paulatinamente su vocación agrícola por la minera, pero con una limitante adicional: las instituciones departamentales poco o nada tienen que ver con el control y seguimiento de los procesos relacionados con la extracción. Por tratarse de gran minería, el control se realiza a nivel nacional desde el Ministerio de Medio Ambiente. “El marco institucional del licenciamiento y el control está mal manejado. Estas empresas ignoran a los gobiernos territoriales”, asevera Cristian Moreno, gobernador del Cesar.
El Cesar, un desierto
Algunas de las empresas asentadas en el Cesar han llevado a cabo acciones irreversibles en materia de daño ecológico. En este proceso se han cambiado de curso los ríos Calenturitas, que recoge a los ríos Maracas, Tocuy, Sororia y Caño del Medio, dentro del proceso que realiza Glencore, además de la afectación de varios caños. La Drummond, por su parte, ha intervenido los ríos San Antonio y Caimancito y los caños Paraluz y Garrapato.
Ante un evento de este tipo, la licencia ambiental impone unas medidas de compensación tanto en hectáreas sembradas de cierta clase de árboles como proyectos piscícolas, de desarrollo social, etc. Estas empresas deberían haber reforestado a la fecha 40.000 hectáreas como medida de compensación, pero solo han avanzado en no más de 2.000 hectáreas. Los proyectos piscícolas y los de desarrollo social no se han iniciado, afirman los técnicos de la gobernación del Cesar, Alfredo Coronado y Alberto Gutiérrez.
Los ríos mencionados desembocan en el complejo cenagoso de Zapatosa, área de amortiguación del río Magdalena, que tiene una extensión de 80.000 hectáreas y es cuna de todos los peces que circulan por el afluente. En cuanto a las aguas subterráneas, el nivel freático será profundizado en 140 metros, con un antecedente muy grave, en el Cesar la mayor parte de los acueductos municipales y rurales se surte de las aguas subterráneas (ver gráfica).
La explotación de carbón también genera un gran impacto en el paisaje. El Cesar, que tiene una topografía plana, hoy está circundado por inmensas montañas de tierra estéril, que no han sido compactadas y crean nubes de polvo, las cuales a su vez con los aguaceros producen escorrentías de material contaminado por metales pesados, que caen a los ríos y ponen en riesgo la salud humana, además de acabar con la pesca.
En el proceso extractivo, por cada tonelada de carbón se deben remover 14 metros cúbicos de tierra, algo así como 10 toneladas. En la Jagua, el ambiente es como de neblina a cualquier hora del día; el polvillo que está en el ambiente no permite ver con claridad el paisaje. Esta situación se agrava con el constante pasar de tractomulas (1.600 diarias), que se encargan de levantar la tierra de la carretera y de enrarecer aún más el panorama.
Es tal el avance del cráter carbonífero de La Loma que siendo la mina más pequeña ha crecido el 50% de su área en cuatro años. Hoy llega a sobrepasar el tamaño de una ciudad de 500.000 habitantes como Bucaramanga. La zona contaminada corresponde a 180.000 hectáreas y se prevé que en el 2015 supere el área del departamento, cuando la producción alcance los 80 millones de toneladas. A diciembre de 2009, se habían extraído 313 millones de toneladas de carbón, pero las expectativas en reservas abarcan los 2.035 millones de toneladas.
De acuerdo con las perspectivas relacionadas con el cambio climático recogidas por el Ideam en la segunda Comunicación Nacional ante las Naciones Unidas, el departamento de Cesar figura como uno de los que reducirían ostensiblemente su precipitación en el periodo del 2011 al 2040 y aumentaría la temperatura en cuatro grados centígrados, lo que amenaza totalmente su estructura ecológica principal. La explotación carbonífera es un agravante mayor para esta situación.
Regalías desperdiciadas
El desarrollo carbonífero ha generado un crecimiento desigual debido al crecimiento inusitado de la población que ha llegado de otras regiones del país. En 1994, el casco urbano contaba con 6.000 habitantes y actualmente ronda los 30.000. Los servicios públicos son inexistentes y no cuenta con servicio de agua potable. Tampoco posee sistema de alcantarillado, y la basura es arrojada en cada una de las salidas del pueblo, sin ningún manejo, ni lugar específico para su disposición final.
En el sector de la salud, el tema no es menos crítico. El hospital de La Jagua es de primer nivel, pues se ha ampliado dos veces con recursos de las regalías, y tan solo se utiliza el 50% de su infraestructura, ya que carece de fondos para su funcionamiento, dado que las regalías no estipulan la inversión en recurso humano. Lo mismo sucede con los colegios, que no cuentan con profesores para los elefantes blancos que se han construido. “El uso de estos dineros debería adaptarse a las necesidades de las regiones”, señala Hernando Cabello, gerente del hospital de La Jagua.
De acuerdo con los testimonios recogidos, la situación de salud de los habitantes es muy preocupante, pues los jagüeros han visto su deterioro paulatino durante los últimos 12 años. Según datos de Acción Social, en el 2007 se hospitalizaron 1.628 personas. Las principales causas fueron por bronconeumonía y dengue clásico. Allá todos se mantienen con gripa y eso que, como lo afirma Cabello, aún no se presenta la enfermedad más grave, el EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), que se produce de manera acumulativa y que, al igual que el cigarrillo, aparece después de pasados los 20 años.
Múltiples males
Pero este no es el único mal que padecen los jagüeros. Hay un alto índice en la accidentalidad ocasionada por el paso constante de las tractomulas. “Los historiales de traumas se han multiplicado por diez”, asegura Cabello. Sólo en el hospital del municipio hay más de 150 lesionados por mes y en el mismo periodo se presentan cinco casos de muerte originada por los accidentes de tránsito.
Los accidentes laborales también son frecuentes y se han disparado los casos de sida y enfermedades de transmisión sexual, además del embarazo en adolescentes. “A nosotros nos quedan las lesiones, los muertos y los discapacitados”, asevera el director del hospital al referirse a las consecuencias ocasionadas en su área de especialización. Dice que el 90% de las pacientes inscritas en control prenatal son de alto riesgo debido a que son menores de edad.
A pesar de este panorama desolador, los jagüeros sueñan con convertirse en “Drumeros”, pero desafortunadamente para ellos la empresa ha contratado a muy pocos, pues aduce que no existe el conocimiento técnico exigido en las labores de la mina. Relatan los habitantes de La Jagua que la gente paga misas por entrar a trabajar allí. Para ellos es como cumplir el sueño americano y creen que al ingresar se resolverán todos sus problemas.
Según Álex Salazar, líder comunitario de La Jagua, “de los 3.700 trabajadores de la Drummond, solo 200 son de La Jagua”. En los últimos dos años, el Sena ha desarrollado programas adaptados a estas necesidades, como son operación de maquinaria pesada, soldadura y electricidad. Para los habitantes de la Jagua, los sueldos que paga la Drummond son bastante atractivos, pero deben contentarse con ofrecer solamente servicios anexos, como hospedaje, restaurantes o aseo.
El desgaste para quienes logran acceder a un trabajo en la Drummond es muy alto, y la degradación social se percibe en todos los aspectos. La plata obtenida no se traduce en vivienda ni en desarrollo familiar. La mayoría de los “drumeros” la gastan en trago o con prostitutas. Por ejemplo, un conductor de camión puede llegar a ganar $3,5 millones mensuales y el de Parafrantal (vehículo que carga los camiones) puede recibir $5 millones al mes.
La prostitución infantil pulula en la zona. Allí existe una manera muy particular para practicar la profesión más antigua del mundo. Cuando los conductores de tractomula se “parquean”, las niñas golpean las llantas delanteras con un palo. Los conductores las suben a las cabinas y siguen hasta los municipios cercanos, como Becerril o Codazzi. Luego del servicio prestado, se bajan y toman otro camión de vuelta a La Jagua, donde repiten la “operación logística”.
Pero la vida del “drumero” tampoco es fácil. En la región circula el siguiente dicho: el “4 por ná” y se refiere a que los mineros trabajan en turnos de diez días y descansan cuatro. Las esposas ven llegar a los maridos exhaustos y sin dinero en el bolsillo, y no reciben nada a cambio.
Surgen las protestas
En el 2007, la comunidad realizó un paro; estaba cansada de no recibir respuesta a sus solicitudes. El levantamiento social produjo un muerto, numerosos heridos y el incendio de la estación de Policía. Dada la gravedad de los hechos, la protesta fue atendida directamente por el presidente Álvaro Uribe.
Luego de varios días de discusión, se instalaron mesas temáticas de trabajo, en las que se acordó el fortalecimiento de la red de calidad del aire, el estudio de los impactos sobre las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, el establecimiento de una oficina de Corpocesar en La Jagua, el diseño y puesta en marcha de un programa de compensación ambiental, la creación de un programa de producción más limpia, con un parque industrial que aglutine los servicios requeridos en la industria carbonífera; la pavimentación de vías y un estudio epidemiológico, entre otros.
“De los anteriores compromisos, solo se ha cumplido la pavimentación de una de las vías, lo demás se incumplió”, asegura Miguel Riveros, coordinador de las mesas temáticas, quien agrega que las vías pronto se deteriorarán debido al sobrepeso con que son cargadas las tractomulas. “De 35 toneladas permitidas por camión, las sobrecargan a 85 toneladas”.
La comunidad dice que de lo anterior tiene conocimiento el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y que no reciben respuesta alguna. El vocero del Ministerio…
Álvaro Castro, edil del municipio, resume así la suerte de La Jagua: “A nuestro pueblo primero llegaron las Farc y el ELN, luego las empresas mineras y después los paramilitares. Las empresas se han aprovechado del miedo de la población y este es el nuevo poder privado, que vulnera todos los derechos”.
Dentro de los compromisos pactados, el Ministerio del Medio Ambiente estableció que el 26 de marzo del 2008 se debían reubicar cuatro poblaciones: Plan Bonito, El Prado, El Hatillo y Boquerón. De esto no ha pasado nada y el Ministerio no atiende ninguna solicitud.
República carbonera
Todo este carbón que se extrae en las minas debe ser conducido a los puertos para su exportación, la mayoría a los EE.UU. Existen dos modos para hacerlo: por vía férrea y terrestre, a través de tractomulas. Se dice que la más contaminante es la tractomula. Según Peter Borrowgs, presidente de Fenoco, empresa que maneja la concesión del tren y de la cual su principal accionista es la Drummond, “un tren de 120 vagones lleva un peso de 6.000 toneladas y reemplaza 200 tractomulas. Cada camión de estos tiene un peso de 30 toneladas”.
Si el transporte en tren no generara los efectos que conlleva, podría elegirse “entre dos males el menor”, pero dista mucho de una operación amigable con el medio ambiente y con las poblaciones que atraviesa. El tren norte parte de Chiriguaná y la doble línea comienza en La Loma y termina en Puerto Drummond, ubicado en el municipio de Ciénaga, pero con una afectación directa en el corredor turístico de Santa Marta.
Son muchos los que se quejan tanto del tren como de las tractomulas. Del primero, el Hotel Decamerón lleva una bitácora que recoge el número de viajes diarios: alrededor de 10 veces promedio, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. (antes lo hacían durante la noche, pero ante la presión lo tuvieron que suspender), con una carga que no va cubierta y despide los “finos” o polvillo del carbón a lo largo de los 445 kilómetros de recorrido. También se han visto afectadas, debido a la vibración, muchas construcciones cercanas a la línea del tren.
Como la demanda de carbón es tan alta, se comenzó a construir una segunda línea férrea, de la cual solo faltan 54 kilómetros que están pendientes de la licencia por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Este tren pasaría por la zona bananera y atravesaría los municipios de Aracataca, Fundación, Sevilla, Río Frío y Orihueca. Hasta el momento se han ejecutado US$165 millones de los US$250 millones presupuestados.
Pero existen muchos contradictores de esta segunda línea, entre estos reconocidos bananeros y palmicultores de la región. Uno de ellos ya interpuso una demanda porque aducen que la línea no guarda los 15 metros de seguridad estipulados por la ley. El demandante, un personaje de familia muy reconocida en Santa Marta y que pidió omitir su nombre, afirma que para la construcción de la línea “se han metido a las fincas sin permiso alguno”, además se oponen al monopolio ejercido por Fenoco con el transporte de carbón.
Al respecto, el presidente de Fenoco asegura que “lo que se acordó con el Gobierno en el 2006 es que al hacer las inversiones de adecuación, Fenoco tendría derechos prioritarios sobre 46 millones de toneladas. Si sobra espacio, podrá ser utilizado en el transporte de lo que se quiera. Pero sucede que en este momento la capacidad de la línea está copada por el carbón”.
Agregan algunos bananeros y palmeros (alrededor de 400.000 personas) que esta segunda línea, con capacidad para transportar 80 millones de toneladas, perjudicará la producción de sus cosechas.
Según concepto técnico de la ingeniera agrónoma Patricia Alarcón, “la segunda línea afectará no solo las plantaciones de banano, sino la de todos los cultivos que se encuentran a lo largo de su recorrido, como la palma africana y otros, debido a que se construyeron sin guardar las distancias mínimas, con vagones al descubierto, los cuales expiden un polvillo que a largo plazo ocasiona el taponamiento de los estomas (una parte de la planta), de vital importancia para las hojas porque es allí donde se inicia la fotosíntesis, respiración e intercambio de vapores de agua y gases al interior de la planta”. Si este proceso no se da, se verá disminuida la producción de las plantas y, por tanto, la economía de los agricultores.
Burrowgs dice que buscan una cordial coexistencia con las comunidades y que el tema de calidad del aire y vibraciones se encuentra bajo la norma, verificados por Corpamag.
Choque de trenes
Este choque de trenes en la zona bananera rompió el imaginario colectivo existente en la región con respecto a un pasado anclado a un tren de banano y pasajeros (la ruta de El Sol), que trajo progreso y desarrollo, y desvaloriza el presente por los efectos negativos generados por el tren de carbón. Este aspecto lo relata el antropólogo Jorge Enrique Giraldo en una investigación patrocinada por Colciencias sobre las consecuencias de la actividad carbonera, con todas las implicaciones en la identidad cultural de la región.
Cuentan también que el paso del tren genera choques permanentes con la comunidad y alta accidentalidad. La movilidad se ve seriamente afectada, a tal punto que han pasado hechos que oscilan entre la tragedia y la anécdota, como el caso ocurrido en Río Frío, municipio que es atravesado por la línea férrea.
Allí se parquean los vagones en espera del paso de los camiones cargados con banano. Un habitante relata la ocasión en que “muy temprano pasaba un sepelio y llevaban el difunto a la finca, no joda, preciso el tren estaba ahí. El de la locomotora le dice al liniero: abre el tren pa’ que la gente pase, y el de la locomotora le dice: ya casi pasa el otro tren que esperen un poquito… Y ese poquito es que pasó una hora y del calor la gente no se aguantó y tuvieron que pasar el ataúd entre los vagones, ¿te imaginás? Un día, la gente se va a rebelar y van a matar a muchos”. Como este relato existen todo tipo de historias sobre la relación perversa que tienen que establecer a diario con el tren.
El alcalde de Aracataca, Pedro J. Sánchez, se ha opuesto rotundamente a la segunda línea. Aduce que con la antigua línea se han generado muchas tensiones e impactos de todo tipo. Fenoco tampoco ha autorizado el tren amarillo de “Macondo”, proyecto que pretende revivir la ruta García-Márquez hacia Aracataca para el transporte de turistas, en dirección a la casa-museo donde vivió el Premio Nobel.
Lo peor para los municipios por donde pasa la línea del tren es que estos reciben los impactos negativos, pero no fueron tenidos en cuenta a la hora de distribuir las regalías, que, según las administraciones municipales, contribuirían a realizar proyectos de desarrollo.
Un tren cargado de problemas
En la medida en que el tren se aproxima al puerto, van apareciendo problemas de otro tipo. Existe un corredor portuario ubicado entre el municipio de Ciénaga y la ciudad de Santa Marta, muy cerca del aeropuerto Simón Bolívar. Allí se encuentran el Puerto de la Drummond, el de Prodeco y Puerto Vale. Estos son utilizados exclusivamente para carbón. Más adelante, en plena bahía de la ciudad de Santa Marta, está la Sociedad Portuaria, donde opera Carbosan y hasta allí llegan las tractomulas que atraviesan la ciudad.
Los impactos generados por las malas prácticas en el cargue de los buques abarcan varios aspectos. La pesca en inmediaciones del aeropuerto, en Puerto La Loma, se ha disminuido en un 90%, y el 70% de las especies ha desaparecido. Alfonso Bovea, pescador de la zona, relata que crearon una asociación para que por lo menos les dieran empleo y tampoco se ha logrado nada. Allí, las carboneras realizan la misma práctica de carga, a través de barcazas que la pasan a los buques, pues no cuentan con sistemas de cargue directo, de tal manera que las partículas de carbón caen directamente al mar. Dicen los pescadores que los pocos pescados que quedan se alimentan con carbón (ver foto).
Algunos de los buques que se llevan el carbón provienen de Filipinas y Japón, que a su paso por Australia han traído una especie denominada el pez león, cuyos huevos vienen adheridos al casco del buque. Este es un depredador que ha contribuido a acabar también con la pesca.
Dicen los pescadores que en un día es fácil observar hasta 40 buques fondeados, esperando el turno de carga. Wilfredo Urieles, representante de la Cooperativa de Pescadores de Don Jaca, cuenta que muchas de estas barcazas, con una capacidad de carga de hasta 300 toneladas, se han hundido y que ellos incluso tienen los videos grabados, que han enviado como pruebas a las autoridades ambientales, pero nada se ha hecho. Asegura que el “carbón nos robó la paz y la tranquilidad”.
En la playa se observan fácilmente las huellas del carbón. Los turistas salen del mar con partículas adheridas en su cuerpo. Elías Lian Suárez, subgerente operativo del hotel Decamerón, afirma que se abstuvieron de invertir en la construcción de 100 nuevas habitaciones por este problema.
Actualmente existe un conflicto entre Glencore-Prodeco y Drummond por la ampliación de la infraestructura portuaria para el embarque, ubicada en Puerto Nuevo, con un único canal de acceso, aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente, que tendrán que compartir y que limitaría la operación en aras de la protección ambiental.
Desafortunadamente, esta no ha sido la constante a lo largo de la cadena del carbón. El exministro Manuel Rodríguez ha advertido que mientras la actividad minera no se adelante bajo el estricto cumplimiento de la ley, las afectaciones van a existir. Agregó que hay países “que se prostituyen en sus exigencias ambientales y sociales con miras a atraer la inversión extranjera”. Parece que este es el caso colombiano. Según Julio Fierro, geólogo, asesor en temas mineros, la promoción que se hizo de la minería colombiana en el exterior y que se encuentra en la página electrónica de Proexport, incluye un régimen especial de inversión extranjera e incentivos para atraer a los inversionistas potenciales. (Ver recuadro)
El analista económico, Salomón Kalmanovitz, advierte que en caso de concretarse la venta de la Drummond a Xstrata, la valorización que generaría la transacción no sería compartida con la dueña del recurso, que es la república de Colombia. Afirma que en términos gruesos la firma ha invertido US$2.000 millones a lo largo de su operación en el país, con una valorización en activos de US$6.000 millones. La ley colombiana estipula que para una ganancia ocasional se debe pagar el 35% sobre ésta. Pero la transacción se hace por fuera del país, ante la casa matriz ubicada en Alabama, que es “independiente” de su filial colombiana. Otro privilegio más que se le agrega a la ya larga lista de beneficios tributarios de la minería.
Ausencia de gobernabilidad
Frente a este panorama es oportuno formular la siguiente pregunta. ¿Quién responde por el pasivo ambiental generado por la actividad carbonera? Como parte de los estudios realizados por la Gobernación del Cesar, la valoración de las externalidades producidas por esta actividad ascienden a $4,6 billones hasta el momento, pero si se tienen en cuenta las reservas que aún no han sido extraídas, correspondientes a 2.035 millones de toneladas, los perjuicios serían de $29,9 billones.
El gobernador Moreno espera el reconocimiento de estas externalidades, así como el cumplimiento de las tareas impuestas por las licencias ambientales. De no ser así está dispuesto a acudir a las instancias internacionales. “Tengo la decisión de que la Organización de Naciones Unidas venga y revise, desde la perspectiva de los derechos, nuestra sociedad, que está en juego”.
Álvaro Pardo, director de la Organización Punto Medio, ha formulado esta pregunta en razón a que la transacción en ciernes diluya las responsabilidades ambientales y sociales de Drummond, que podría irse del país dejando impactos que de ninguna manera pueden ser imputables a la sociedad y menos a los habitantes del departamento del Cesar.
¿Pero habrá que esperar hasta la venta para resarcir los daños anotados? Un estudio divulgado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), de la Universidad de los Andes, señala que la explotación carbonera a cielo abierto en el Cesar y sus impactos ambientales y de pobreza pueden llegar a superar los beneficios percibidos por esta actividad en términos de empleos, regalías e ingresos fiscales. Agrega, además, que “la evidencia muestra que las firmas perciben ganancias sustanciales dados los bajos costos de producción y el buen comportamiento de los precios internacionales, que las incentiva a agotar el mineral en el menor tiempo posible de forma insostenible”.
Las respuestas a estas preguntas las tienen las entidades de control ambiental, en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, una institucionalidad débil, que está lejos de cumplir sus funciones, como se observa a lo largo de este reportaje, y las multinacionales mineras. PODER trató de manera infructuosa de contactar a los voceros de la Drummond, pero no dieron respuesta alguna.
El exministro Rodríguez afirma que se requiere de un revolcón total en el sector. “Si van a ingresar miles de millones de dólares, sería irresponsable que no se utilicen para que el Estado garantice un impecable control de su gestión ambiental, así como para la realización de las compensaciones necesarias por los daños inevitables que la minería conlleva”, puntualizó.
El economista Guillermo Rudas, en su análisis para el Consejo Nacional de Planeación, recomienda “garantizar el liderazgo de las autoridades ambientales nacionales y regionales en el ordenamiento del territorio, y advierte que dentro de la reestructuración del Minambiente se debe evitar que estas funciones queden en el área de vivienda, tal como está consignado en el proyecto”.
Por lo pronto hay tareas urgentes por desarrollar, como es la reubicación integral de los asentamientos presentes en las zonas de explotación. El escenario no es optimista. La explotación está al máximo de su capacidad, y el futuro de los departamentos de Magdalena y Cesar se ve negro. La prevención de los grandes riesgos denunciados en este reportaje requiere de autoridades minero-ambientales transparentes y decididas a gobernar el sector para bien del país y no para el de unos pocos.
Así se vende a Colombia en el exterior
- Colombia posee la más baja tasa efectiva de impuesto sobre utilidades; no tiene impuesto de retención.
- No existe obligación de reintegrar las divisas al país.
- Existe la posibilidad de celebrar y pagar contratos en moneda extranjera.
- La importación de maquinaria no producida en el país está exenta del IVA, así como la de maquinaria temporal y la venta e importación de algunos minerales.
- Están exentas de gravámenes arancelarios la importación de maquinaria, equipos técnicos y accesorios destinados a la exploración de minas y petróleo.
- Pueden ser descontadas de la base del impuesto de renta las regalías pagadas por la explotación de recursos minerales.
- Se descontará el 30% del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos aun bajo la modalidad de leasing, entre otros beneficios.
- Colombia posee la más baja tasa efectiva de impuesto sobre utilidades; no tiene impuesto de retención.
- No existe obligación de reintegrar las divisas al país.
- Existe la posibilidad de celebrar y pagar contratos en moneda extranjera.
- La importación de maquinaria no producida en el país está exenta del IVA, así como la de maquinaria temporal y la venta e importación de algunos minerales.
- Están exentas de gravámenes arancelarios la importación de maquinaria, equipos técnicos y accesorios destinados a la exploración de minas y petróleo.
- Pueden ser descontadas de la base del impuesto de renta las regalías pagadas por la explotación de recursos minerales.
- Se descontará el 30% del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos aun bajo la modalidad de leasing, entre otros beneficios.
La posición del MinAmbiente
Luz Helena Sarmiento, directora de Licencias, respondió a PODER sobre los interrogantes planteados con relación a los impactos generados por la industria carbonera en los departamentos de Cesar y Magdalena:
- Estado de la revisión del POT de los municipios carboneros: este proceso de acuerdo a la Ley 388 de 1997, le compete desarrollarlo a Corpocesar.
- Operación del Convenio de Producción más Limpia: se redujo el tránsito de tractomulas, se pavimentaron 8.580 metros de la vía del carbón, se intensificó el programa de riego a las vías, se está operando la Red de Monitoreo del Aire.
- Resultados de los estudios epidemiológicos: hasta el momento se encuentran en la fase de diseño.
- Manejo de estériles: el ministerio ha requerido a las empresas para aumentar los volúmenes de retrollenado para disminuir la deposición de material estéril en escombreras externas.
- Sobre la profundización de 140 metros en el nivel freático de las aguas subterráneas por parte de la Drmmond: el modelo hidrogeológico contemplado en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, el cual contempla un escenario de explotación para el 2045, muestra que potencialmente existirá una afectación en el nivel piezométrico (abatimiento) que varía según la zona de afectación.
- El tren no tapa el carbón que transporta: el Ministerio impuso a Fenoco modificar la altura de las góndolas hasta el nivel más bajo, aumentando la compactación de la capa superior, a través del mejoramiento en el rociado de agua.
- Sobre la protección ambiental en las zonas de los puertos carboneros: todos los puertos carboneros ubicados en Ciénaga y Santa Marta (Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A., American Port Company Inc., Puerto Prodeco y Carbosan) tienen establecido un Plan de Manejo Ambiental, el cual cuenta con medidas de manejo ambiental específicas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar todos y cada uno de los impactos generados en desarrollo de las actividades ejecutadas dentro del puerto.
- Sobre los reasentamientos de las poblaciones: este ministerio impone a las tres empresas de la Jagua la obligación de reasentar las poblaciones de Plan Bonito en el término de un año y las poblaciones de El Hatillo y Boquerón en el término de dos años.
Luz Helena Sarmiento, directora de Licencias, respondió a PODER sobre los interrogantes planteados con relación a los impactos generados por la industria carbonera en los departamentos de Cesar y Magdalena:
- Estado de la revisión del POT de los municipios carboneros: este proceso de acuerdo a la Ley 388 de 1997, le compete desarrollarlo a Corpocesar.
- Operación del Convenio de Producción más Limpia: se redujo el tránsito de tractomulas, se pavimentaron 8.580 metros de la vía del carbón, se intensificó el programa de riego a las vías, se está operando la Red de Monitoreo del Aire.
- Resultados de los estudios epidemiológicos: hasta el momento se encuentran en la fase de diseño.
- Manejo de estériles: el ministerio ha requerido a las empresas para aumentar los volúmenes de retrollenado para disminuir la deposición de material estéril en escombreras externas.
- Sobre la profundización de 140 metros en el nivel freático de las aguas subterráneas por parte de la Drmmond: el modelo hidrogeológico contemplado en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, el cual contempla un escenario de explotación para el 2045, muestra que potencialmente existirá una afectación en el nivel piezométrico (abatimiento) que varía según la zona de afectación.
- El tren no tapa el carbón que transporta: el Ministerio impuso a Fenoco modificar la altura de las góndolas hasta el nivel más bajo, aumentando la compactación de la capa superior, a través del mejoramiento en el rociado de agua.
- Sobre la protección ambiental en las zonas de los puertos carboneros: todos los puertos carboneros ubicados en Ciénaga y Santa Marta (Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A., American Port Company Inc., Puerto Prodeco y Carbosan) tienen establecido un Plan de Manejo Ambiental, el cual cuenta con medidas de manejo ambiental específicas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar todos y cada uno de los impactos generados en desarrollo de las actividades ejecutadas dentro del puerto.
- Sobre los reasentamientos de las poblaciones: este ministerio impone a las tres empresas de la Jagua la obligación de reasentar las poblaciones de Plan Bonito en el término de un año y las poblaciones de El Hatillo y Boquerón en el término de dos años.
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