Tomado de semana.com
Por María Jimena Duzán
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Sábado 23 Julio 2011
El grupo empresarial MPX, controlado por el empresario brasileño Eike Batista, considerado por Forbes como el segundo hombre más rico de América Latina, llevó al Brasil a una veintena de autoridades locales de La Guajira y del Cesar, entre febrero y marzo de este año.
Así informó el diario brasileño La Folha de Sao Paulo en un recuento que hizo del viaje, con lujo de detalles, en el mes de abril. La invitación, que fue hecha por todo lo alto, la hizo la MPX, su filial en Colombia, y se ha podido establecer que por cada invitado la compañía brasileña gastó cerca de cinco mil dólares. Los llevaron a los sitios turísticos de rigor: subieron al Corcovado, fueron a la bahía de Ipanema, tuvieron tiempo para conocer a Eike Batista, 'el Barón de la Energía', y para disfrutar a sus anchas del Carnaval de Río. (Ver artículo La Folha)
Así informó el diario brasileño La Folha de Sao Paulo en un recuento que hizo del viaje, con lujo de detalles, en el mes de abril. La invitación, que fue hecha por todo lo alto, la hizo la MPX, su filial en Colombia, y se ha podido establecer que por cada invitado la compañía brasileña gastó cerca de cinco mil dólares. Los llevaron a los sitios turísticos de rigor: subieron al Corcovado, fueron a la bahía de Ipanema, tuvieron tiempo para conocer a Eike Batista, 'el Barón de la Energía', y para disfrutar a sus anchas del Carnaval de Río. (Ver artículo La Folha)
Todos los políticos que fueron invitados tenían un común denominador: cada uno de ellos estaba directamente relacionado con el otorgamiento de las licencias ambientales que requiere la compañía MPX para la extracción de tres minas de carbón localizadas en La Guajira, las cuales servirían para alimentar las termoeléctricas que las empresas de Eike Batista tiene en Brasil y Chile.
MPX no solo tiene intereses sobre esas tres minas. Además, quiere hacer un ferrocarril de 150 kilómetros hasta un puerto que se está construyendo en Dibuya, en La Guajira. Según el artículo de La Folha de Sao Paulo, "las licencias ambientales para ese puerto y el ferrocarril dependen del Ministerio del Medio Ambiente y de Corpoguajira", cuyo director, Arcesio Pérez, fue uno de los invitados, al igual que uno de sus subdirectores. Con ellos fueron tres diputados guajiros, el alcalde de Riohacha y ocho concejales de Dibuya. Incluso la presidenta del Concejo, Isaura Moscote, le manifestó al diario brasileño que sobrevolaron Río de Janeiro en helicóptero, que conocieron las instalaciones de MPX y que recorrieron lugares de interés. "No gastamos nada de nuestro dinero. Todos fuimos invitados especiales desde el momento en que abordamos el avión", le dijo al diario.
Aunque en la nota la MPX sostiene que la invitación no fue "un intercambio de favores" sino que se trató simplemente de un viaje sin compromisos concebido para que fueran a conocer la empresa y sus programas medioambientales, El Heraldo, único medio que hizo eco de la noticia en Colombia, pudo constatar que luego de este viaje el Concejo de Dibuya le "aprobó al alcalde facultades para exonerar del pago del impuesto de industria y comercio a las empresas portuarias que se establezcan en su jurisdicción. En estos momentos deberán definir el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para permitir este tipo de instalaciones".
MPX es la misma compañía que contrató a cuatro exfuncionarios de alto nivel del Ministerio del Medio Ambiente del gobierno anterior a sabiendas de que esos nombramientos podrían generarles problemas disciplinarios a sus escogidos y cuestionamientos éticos a la empresa, ya que este Ministerio es el encargado de otorgar o de rechazar las licencias ambientales de compañías como MPX. No obstante, allá llegaron, y sin mayor problema, Leyla Rojas, exviceministra de Aguas del gobierno Uribe, hoy jefe jurídica de esa compañía, y Diana Zapata, exdirectora de Licencias.
Los más golpeados con todos estos proyectos mineros, con la construcción del ferrocarril y el puerto de Dibuya (obra que no es hecha por los brasileños pero que sí les conviene que se haga) son los indígenas de la Sierra. Ellos no entienden por qué el Estado colombiano permitió construir un puerto en una salida al mar que es sagrada para ellos. Presienten que la construcción del ferrocarril va a acabar con su flora y su fauna y que va a tener un impacto devastador. Dicen, quienes lo conocieron, que probablemente todos estos cambios mataron de tristeza y angustia al mamo Valencia, un patriarca otoñal de los koguis que se enfermó al saber lo que le esperaba. A pesar de que los indígenas pusieron una tutela y de que la Corte Constitucional acaba de pronunciarse en su favor, ordenando el freno de las obras, la posibilidad de que ese puerto se termine es bastante alta. Más aun si esta compañía brasileña insiste en seguir invitando de manera desinteresada al Carnaval de Río a concejales, directivos de corporaciones regionales y enganchando a altos funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente cuando están a punto de salir.
Se ha dicho que la minería ilegal es el gran problema que enfrenta Colombia. Nada más equivocado: el gran problema es la corrupción en la minería legal.
MPX no solo tiene intereses sobre esas tres minas. Además, quiere hacer un ferrocarril de 150 kilómetros hasta un puerto que se está construyendo en Dibuya, en La Guajira. Según el artículo de La Folha de Sao Paulo, "las licencias ambientales para ese puerto y el ferrocarril dependen del Ministerio del Medio Ambiente y de Corpoguajira", cuyo director, Arcesio Pérez, fue uno de los invitados, al igual que uno de sus subdirectores. Con ellos fueron tres diputados guajiros, el alcalde de Riohacha y ocho concejales de Dibuya. Incluso la presidenta del Concejo, Isaura Moscote, le manifestó al diario brasileño que sobrevolaron Río de Janeiro en helicóptero, que conocieron las instalaciones de MPX y que recorrieron lugares de interés. "No gastamos nada de nuestro dinero. Todos fuimos invitados especiales desde el momento en que abordamos el avión", le dijo al diario.
Aunque en la nota la MPX sostiene que la invitación no fue "un intercambio de favores" sino que se trató simplemente de un viaje sin compromisos concebido para que fueran a conocer la empresa y sus programas medioambientales, El Heraldo, único medio que hizo eco de la noticia en Colombia, pudo constatar que luego de este viaje el Concejo de Dibuya le "aprobó al alcalde facultades para exonerar del pago del impuesto de industria y comercio a las empresas portuarias que se establezcan en su jurisdicción. En estos momentos deberán definir el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para permitir este tipo de instalaciones".
MPX es la misma compañía que contrató a cuatro exfuncionarios de alto nivel del Ministerio del Medio Ambiente del gobierno anterior a sabiendas de que esos nombramientos podrían generarles problemas disciplinarios a sus escogidos y cuestionamientos éticos a la empresa, ya que este Ministerio es el encargado de otorgar o de rechazar las licencias ambientales de compañías como MPX. No obstante, allá llegaron, y sin mayor problema, Leyla Rojas, exviceministra de Aguas del gobierno Uribe, hoy jefe jurídica de esa compañía, y Diana Zapata, exdirectora de Licencias.
Los más golpeados con todos estos proyectos mineros, con la construcción del ferrocarril y el puerto de Dibuya (obra que no es hecha por los brasileños pero que sí les conviene que se haga) son los indígenas de la Sierra. Ellos no entienden por qué el Estado colombiano permitió construir un puerto en una salida al mar que es sagrada para ellos. Presienten que la construcción del ferrocarril va a acabar con su flora y su fauna y que va a tener un impacto devastador. Dicen, quienes lo conocieron, que probablemente todos estos cambios mataron de tristeza y angustia al mamo Valencia, un patriarca otoñal de los koguis que se enfermó al saber lo que le esperaba. A pesar de que los indígenas pusieron una tutela y de que la Corte Constitucional acaba de pronunciarse en su favor, ordenando el freno de las obras, la posibilidad de que ese puerto se termine es bastante alta. Más aun si esta compañía brasileña insiste en seguir invitando de manera desinteresada al Carnaval de Río a concejales, directivos de corporaciones regionales y enganchando a altos funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente cuando están a punto de salir.
Se ha dicho que la minería ilegal es el gran problema que enfrenta Colombia. Nada más equivocado: el gran problema es la corrupción en la minería legal.
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